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jueves, 31 de enero de 2013
miércoles, 30 de enero de 2013
Las mentiras sobre la reforma educativa
Luis Hernández Navarro
El
Pacto por México y el gobierno federal llevan a cabo una campaña en
medios de comunicación para convencer a los maestros de México y a la
opinión pública sobre las bondades de la reforma educativa recientemente
aprobada por el Congreso de la Unión.
El
9 de enero se publicó un desplegado en 29 periódicos locales y cuatro
de circulación nacional dirigido “a los maestros de México”, con el
objetivo de compartir información acerca de las reformas “que se están
haciendo al artículo tercero constitucional”. El comunicado califica a
los docentes de “apreciables”.
Curiosamente, el documento no está firmado por el Congreso de la Unión, sino por el Pacto por México.
Nadie en lo personal se responsabiliza de él. En el mensaje se explica
por qué fue promovida la reforma, qué supuestos beneficios traerá, para
qué se crea el Servicio Profesional Docente y por qué dar autonomía de
gestión a las escuelas.
Ya
encarrerado, el pacto difundió tres espots, copia y calca de los
materiales producidos para divulgar las obras gubernamentales de moda
desde el Pronasol de Carlos Salinas. Abundan en ellos idílicas imágenes
de maestros, niños y escuelas con un mensaje central: “la reforma
educativa eleva la calidad de la educación pública y respeta los
derechos de los maestros”.
Para
remachar la campaña, el 10 de enero, Emilio Chuayffet reiteró que la
educación “no es propiedad de un grupo, sino de la sociedad”, por lo que
el Estado va a reasumir su rectoría. Al participar en el Foro México
2013, descartó que la reforma educativa sea privatizadora.
Advirtió
que no habrá excepciones para nadie en cuanto a la evaluación o
cumplimiento de requisitos que se consideren necesarios para brindar una
educación de calidad. Según él, la reforma no es antilaboral ni
antimagisterial, sino que tiene por objeto dar certeza al maestro;
certidumbre en su ingreso, en su promoción y desempeño como docente.
En
plena demostración de su talante autoritario, aseguró que una vez que
la reforma sea aprobada se efectuarán una consulta y una amplia campaña
para darla a conocer. ¿De qué sirve una consulta cuando la reforma ya fue hecha? ¿Por qué se evadió cualquier debate en foros públicos?
Ni
el desplegado ni los espots ni las declaraciones de los funcionarios
explican cómo es que la reforma hará realidad todos los propósitos que
anuncian. No puede ser de otra manera, pues la mayoría de las
modificaciones que se hicieron van en sentido contrario de lo que el
pacto asegura buscar.
La
reforma educativa no tiene un proyecto educativo explícito. No hay en
ella nada que esclarezca hacia dónde se quiere caminar en el terreno
pedagógico ni cómo resolver los principales problemas del sector. Por
ejemplo, no hay una sola idea que aclare cómo terminar con la
desigualdad y el rezago educativo en el que se encuentran 32 millones de
personas.
Lo que se aprobó no es una reforma educativa, sino una reforma laboral y administrativa disfrazadas. Su
objetivo es que el Estado arranque al SNTE la conducción de la
educación pública, y que los maestros pierdan un derecho adquirido: la
estabilidad en el empleo.
No
obstante afirmar que los resultados educativos son producto de
múltiples factores y no dependen exclusivamente de los docentes, en el fondo sostiene que el avance educativo de los alumnos es responsabilidad única de los maestros.
Por eso, la reforma pone el acento en los mecanismos de control sobre
el magisterio, no en los de su participación en la definición del
proyecto educativo ni en su capacitación.
De
manera vergonzante, sin hacerlo explícito, sostiene que el sistema
escolar debe actuar de la misma forma en que funcionan las operaciones
de las empresas privadas. Siguiendo a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, advierte que los maestros deben
estar controlados y rendir cuentas sobre la base de exámenes
estandarizados, cuyos resultados deben servir para premiarlos a ellos y a
las escuelas con estímulos económicos, si los resultados son buenos, o
castigarlos con el despido, si son malos.
La
medicina recetada por la institución no deja lugar a dudas: “México
necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado en
estándares (...) recompensar a los docentes excelentes o dar apoyo a los
docentes de menor desempeño. Los docentes que presenten un bajo
desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema
educativo”.
El
pacto afirma que el Servicio Profesional Docente fue creado para
reconocer los méritos de los maestros y asegurar “que accedan a las
plazas docentes con base en su esfuerzo y desempeño personales”. Señala
que servirá para que los profesores, directores y supervisores tengan
certidumbre, estabilidad y condiciones equitativas en su promoción
laboral. Habrá –dice– reglas claras, justas y transparentes que
estimulen la profesionalización de los profesores, “asegurando y
promoviendo sus derechos”.
La
afirmación es falsa. Lo que la reforma “legaliza” es la posibilidad de
despedir a maestros y directores que cuentan ya con una plaza de base
definitiva (y, por tanto, con un derecho creado), si no
obtienen calificaciones adecuadas en las evaluaciones que se les
realicen. La permanencia en el empleo está en entredicho.
El
Pacto por México asegura que la autonomía de gestión facilitará que los
recursos públicos lleguen a las escuelas y sean eficazmente utilizados,
garantizando la gratuidad de la educación pública. Mentira: la
legislación abre la puerta para que, en nombre de esa autonomía, y con
el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el
mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto
las cuotas, se permita la entrada de empresas a los centros escolares y
se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza
la gratuidad de la educación pública. Eso tiene un nombre:
privatización.
Las
expresiones de descontento entre el magisterio contra la reforma son
cada día más evidentes. Los docentes no se tragan los cuentos que
difunden las campañas publicitarias del pacto. Se anuncia ya la batalla
por la legislación secundaria. Los próximos meses veremos cómo la
inconformidad crece.
NO A LA REFORMA EDUCATIVA ¡SI A LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS... !
jueves, 17 de enero de 2013
domingo, 6 de enero de 2013
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